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Opiniones y Editorial

» » » Los alcoholímetros, las multas: el divorcio entre la ley y la realidad

Por Euclides Marmolejos Báez
A principios de este año 2017, específicamente en el mes de febrero fue promulgada la Ley 63-2017 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la cual derogo una legislación de 50 años (Ley 241 del 1967); una normativa obsoleta y totalmente divorciada de la realidad que embarga al país por varias décadas.


La Ley 63-2017, eliminó el gran problema de la dualidad de funciones que imperaban en el sector transporte; que solo contribuía al desorden, corrupción y la justificación constante del caos. Una segmentación absurda y en la practica fallida; ya que en los últimos 10 años fallecieron en el país, como consecuencia de accidentes de tránsito más de 18,500 ciudadanos.
Hoy podemos decir, que contamos con un marco jurídico integral, actualizado y orientado a mitigar el desorden en el transporte; una ley con sanciones fuertes y que vendría a garantizar seguridad y tranquilidad a los dominicanos.

¡Divorcio entre la Ley y La realidad!

El art. 256 de la ley 63-2017 establece que “se prohíbe a los conductores de vehículos ingerir bebidas alcohólicas mientras transitan por las vías públicas o conducir en estado de embriaguez”; sin embargo, vemos con asombro que existan negocios destinados a vender bebidas alcohólicas a conductores, para citar Dos (02) ejemplos actuales, en el Distrito Nacional:

El negocio conocido como el linconazo, ubicado en la Abraham Lincoln esq. Rafael Augusto Sánchez.
El negocio llamado el Trompo, ubicado en la Ave. Tiradentes esq. Mustafa Kemal Ataturk.
Ambos establecimientos tienen entre sus servicios, el expendio de alcohol exclusivo para conductores de vehículos, una realidad que esta muy distante de lo establecido en el articulo 256 de la nueva Ley del Transporte.

El divorcio entre la ley y la realidad que impera en el país hace de la aplicación de la Ley una Odisea; ya que por un lado se quiere restringir el consumo de alcohol y por el otro las autoridades permiten la existencia de estos establecimientos, en las narices de todos. ¿Imaginen ustedes que ocurre en los sectores ubicados en la franja económica más baja?

Es indudable que generar una cultura de respeto a las leyes, requiere un compromiso colectivo de todos los actores del sistema; de lo contario seguiremos inmersos en la improvisación, sin solución, ni control y sin resultados positivos para la salud social.

¡multas, alcoholímetros, recursos y la triste realidad!

El Procurador General de la República Dr. Jean Alain Rodríguez afirmó hace unos días, que los cobros por concepto de multas de tránsito se incrementaron en un 80% con relación al año 2016 (pasando de 148 millones en 2016 / 268 millones en 2017); sin lugar a duda una muestra de eficiencia en el cobro de las infracciones, que aplaudimos.

Sin embargo, esta noticia que podría generar felicidad en la población consciente, en los agentes del tránsito y en la misma institución del INTRANT; ya que dispondrían de mayores recursos para adquirir equipos como los alcoholímetros, radios de comunicación, pagar salarios más dignos a sus agentes, capacitarlos, entre otras acciones necesarias para optimizar y garantizar la aplicación de la ley; se encuentra con la dura y triste realidad de que solo un pírrico 25% de estos recursos van destinados a la institución y un absurdo 75% a la procuraduría para el financiamiento del sistema carcelario.

Lo que nos lleva a conjurar tristemente, que si bien es cierto hoy contamos con una ley actualizada, a la vanguardia y que podría garantizar el inicio del fin en el caos del transporte; no menos cierto es, que carece de los recursos necesarios para ser efectiva, eficiente y eficaz en su aplicación.

“Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra; solo basta decir lo que se piensa”

Martin Luther King

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