Según un comunicado de prensa, su actuación se limitó a notificar a la Cámara de Diputados la referida orden para que se procediera a hacer los trámites constitucionales para su ejecución.
Sostienen que "la actuación de la Fiscalía consistió únicamente en notificarle a la Consultoría Jurídica de la orden que había recibido del Juez de la Ejecución de la Pena" en contra del diputado perredeista Ramón Antonio Fernández Martínez.
La Suprema Corte de Justicia dictó una condena de un año de prisión y seis meses de suspensión, en contra del diputado por sustraer una menor de la autoridad de sus padres.
"Como parte de las diligencias para la ejecución de la orden, el fiscal Julio Saba, acompañado de oficiales se presentó a la Cámara de Diputados y le notificó al encargado de seguridad quien lo acompañó a la consultoría jurídica, donde fue recibido de forma muy diligente y cordial por el doctor Rafael Ceballos, consultor jurídico de la Cámara de Diputados, a quien se le notificó que la Fiscalía había recibido orden del juez de la ejecución para arrestar y conducir al legislador Ramón Antonio Fernández Martínez (a) Papo", agregan.
Una vez el consultor jurídico le notifica a la Fiscalía que el diputado no había sido despojado de su inmunidad ya que la condena fue producto de su presentación voluntaria ante la Suprema Corte de Justicia y no de un retiro de inmunidad parlamentaria, y ante el conocimiento de hasta un ciudadano iletrado de que los legisladores tiene inmunidad parlamentaria y que su arresto solo se puede producir fuera de la legislatura o en ocasión de un delito flagrante, la Fiscalía inmediatamente le notifica al Juez de la Ejecución de la Pena que su orden no podrá ser cumplida en virtud de las razones antes expuestas, explica la nota de prensa.
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