Yvelisse Prats Ramírez de
Pérez
yvepra@hotmail.com
Como política y profesora
de Lengua Española, me cuestiono hace tiempo sobre el uso de la palabra
INSTITUCIONALIDAD.
En República Dominicana
la usamos profusamente; también su derivación como adjetivo: Institucional.
Se nos emplaza en nombre
de la institucionalidad a no manifestar disgustos ni rechazos, a “portarnos
bien”. Eso quiere decir que bajemos la cabeza, callando ante las “travesuras”
ofi ciales, los arbitrios fi scalistas, los exorbitantes salarios de los
funcionarios, el desvío para gastos personales de los fondos públicos, las
fortunas súbitas, la impunidad, las desigualdades.
Para preservar esa “institucionalidad”
los/as dominicanos/as deben asumir que está bien todo lo que está mal,
convirtiéndose en cómplices por omisión de los delitos.
Dentro de esta singular
semántica, también parece entenderse que un partido o una dirección política
INSTITUCIONAL se nuclea alrededor de la aquiescencia a disposiciones y
decisiones individuales, rindiendo culto a una jefatura personal. En un partido
así, los “decretos” del jefe único sustituyen a los Estatutos y normas, los
debates colectivos se subsumen en el poder unipersonal; y por tanto no se
convocan los organismos sino para refrendar las decisiones del presidente. Se
desconoce que presidir signifi ca dirigir entre muchos, no en solitario.
Las definiciones que
ofrecen diccionarios y tratadistas contrastan con esta interpretación criolla,
tan sesgada. Institución: el morfema matriz en esta familia semántica, se defi
ne en el Larousse: cosa establecida. Ley de organización fundamental.
Institucional: en el mismo Larousse, es un adjetivo relativo a la institución,
que participa de su naturaleza.
Para remachar,
institucionalizar, verbo activo, es “dar a una cosa carácter institucional”. El
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Ossorio defi ne la
INSTITUCION: Cosa establecida o fundada. Cada una de las organizaciones
fundamentales de un Estado.
Desde las famosas
Constituciones de Gayo, de Justiniano, el concepto que da signifi cado ínsito a
los signifi cantes institución, institucional, institucionalidad, es que
apuntan a lo establecido, lo fundado, “ley de organización fundamental”; por
tanto, implica y exige respeto, no desconocimiento al constructor social y
jurídico al que se pertenece.
Institución,
institucionalidad, defi - nitivamente, por su denotación, sobre todo por su
connotación, son morfemas eminentemente, exclusivamente colectivos.
La historia los ha ido
moldeando desde que la monarquía dejó paso a los estados-naciones, que parieron
constituciones en las que el pueblo, las gentes, ocuparon el escenario. Las
testas coronadas que aún existen son decorativas, no ejercen funciones reales,
no son instituciones; los Parlamentos, los primeros ministros, los gobiernos
civiles, representan la institucionalidad.
En regímenes
republicanos, un Presidente de la República no ES tampoco una institución. Debe
someterse a la institucionalidad que encarna la Constitución, las leyes y el
poder ciudadano, que lo coloca como mandatario y al que tiene que rendir
cuentas.
En los partidos
políticos, los estatutos y los organismos son la ÚNICA institucionalidad que
puede reconocerse.
Nunca, a menos que se
pervierta para crear dictaduras que no se avienen al carácter plural que su
propia defi nición conlleva, puede sustituirse en una organización política el
plural soberano de las asambleas en ejercicio pleno de sus funciones
estatutarias, por el errático y aislado “yo” de un jefe.
Es más, los partidos
modernos, los partidos democráticos, no tienen jefaturas individuales, no caben
en el escenario de una militancia en la que reside la soberanía de la
organización.
La institucionalidad, lo
institucional, en resumen, se perciben como el título de esta columna, en
plural. Singularizarlos en una sola cabeza con un liderazgo personal inconsulto,
avasallante, sin frenos, sin referentes históricos, sin más jueces que su
nublado y complaciente ego, es además de una terrible confusión semántica, un
desconocimiento a la modernidad y, sobre todo, una pérfi da acción contra la
democracia que es colectiva por esencia.
La lingu¨.stica y la
gramática están de capa caída en nuestro país, también, pobrecita de mi alma,
anda muy mal herida la INSTITUCIONALIDAD. Es evidente que en los dos partidos y
medio que nos quedan se ha ido confundiendo su signifi cado al punto de trocar
las personas gramaticales, el “yo” por el “nosotros”. A lo más, un “ustedes”
que nos confi na a los que pensamos con nuestro propio cerebro, a un remoto y
condenable lugar, excluyendo incluso a algunos de los organismos en los que el
Estatuto los coloca por sus méritos o por sus funciones INSTITUCIONALES.
Institución,
institucionalidad: o redactamos nuevos diccionarios y sometemos a los
colectivos a un lavado de cerebro para que olviden sus derechos y los deleguen
en una monarquía, o devolvemos a esas palabras su sintonía con los conceptos
que representan: participación, honra a lo establecido, aplicación de
constituciones, leyes y estatutos, y el derecho supremo de la ciudadanía y de
los militantes a decidir el destino de sus instituciones.
No corrompamos más
nuestra lengua, nuestras libertades y derechos.
Conjuguemos el verbo
activo, aunque parezca un trabalenguas, institucionalicemos las instituciones y
las “institucionalidades” dominicanas.
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