Institucionalicemos la institucionalidad

Yvelisse Prats Ramírez de Pérez

yvepra@hotmail.com

Como política y profesora de Lengua Española, me cuestiono hace tiempo sobre el uso de la palabra INSTITUCIONALIDAD.

En República Dominicana la usamos profusamente; también su derivación como adjetivo: Institucional.

Se nos emplaza en nombre de la institucionalidad a no manifestar disgustos ni rechazos, a “portarnos bien”. Eso quiere decir que bajemos la cabeza, callando ante las “travesuras” ofi ciales, los arbitrios fi scalistas, los exorbitantes salarios de los funcionarios, el desvío para gastos personales de los fondos públicos, las fortunas súbitas, la impunidad, las desigualdades.

Para preservar esa “institucionalidad” los/as dominicanos/as deben asumir que está bien todo lo que está mal, convirtiéndose en cómplices por omisión de los delitos.

Dentro de esta singular semántica, también parece entenderse que un partido o una dirección política INSTITUCIONAL se nuclea alrededor de la aquiescencia a disposiciones y decisiones individuales, rindiendo culto a una jefatura personal. En un partido así, los “decretos” del jefe único sustituyen a los Estatutos y normas, los debates colectivos se subsumen en el poder unipersonal; y por tanto no se convocan los organismos sino para refrendar las decisiones del presidente. Se desconoce que presidir signifi ca dirigir entre muchos, no en solitario.

Las definiciones que ofrecen diccionarios y tratadistas contrastan con esta interpretación criolla, tan sesgada. Institución: el morfema matriz en esta familia semántica, se defi ne en el Larousse: cosa establecida. Ley de organización fundamental. Institucional: en el mismo Larousse, es un adjetivo relativo a la institución, que participa de su naturaleza.

Para remachar, institucionalizar, verbo activo, es “dar a una cosa carácter institucional”. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Ossorio defi ne la INSTITUCION: Cosa establecida o fundada. Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado.

Desde las famosas Constituciones de Gayo, de Justiniano, el concepto que da signifi cado ínsito a los signifi cantes institución, institucional, institucionalidad, es que apuntan a lo establecido, lo fundado, “ley de organización fundamental”; por tanto, implica y exige respeto, no desconocimiento al constructor social y jurídico al que se pertenece.

Institución, institucionalidad, defi - nitivamente, por su denotación, sobre todo por su connotación, son morfemas eminentemente, exclusivamente colectivos.

La historia los ha ido moldeando desde que la monarquía dejó paso a los estados-naciones, que parieron constituciones en las que el pueblo, las gentes, ocuparon el escenario. Las testas coronadas que aún existen son decorativas, no ejercen funciones reales, no son instituciones; los Parlamentos, los primeros ministros, los gobiernos civiles, representan la institucionalidad.

En regímenes republicanos, un Presidente de la República no ES tampoco una institución. Debe someterse a la institucionalidad que encarna la Constitución, las leyes y el poder ciudadano, que lo coloca como mandatario y al que tiene que rendir cuentas.

En los partidos políticos, los estatutos y los organismos son la ÚNICA institucionalidad que puede reconocerse.

Nunca, a menos que se pervierta para crear dictaduras que no se avienen al carácter plural que su propia defi nición conlleva, puede sustituirse en una organización política el plural soberano de las asambleas en ejercicio pleno de sus funciones estatutarias, por el errático y aislado “yo” de un jefe.

Es más, los partidos modernos, los partidos democráticos, no tienen jefaturas individuales, no caben en el escenario de una militancia en la que reside la soberanía de la organización.

La institucionalidad, lo institucional, en resumen, se perciben como el título de esta columna, en plural. Singularizarlos en una sola cabeza con un liderazgo personal inconsulto, avasallante, sin frenos, sin referentes históricos, sin más jueces que su nublado y complaciente ego, es además de una terrible confusión semántica, un desconocimiento a la modernidad y, sobre todo, una pérfi da acción contra la democracia que es colectiva por esencia.

La lingu¨.stica y la gramática están de capa caída en nuestro país, también, pobrecita de mi alma, anda muy mal herida la INSTITUCIONALIDAD. Es evidente que en los dos partidos y medio que nos quedan se ha ido confundiendo su signifi cado al punto de trocar las personas gramaticales, el “yo” por el “nosotros”. A lo más, un “ustedes” que nos confi na a los que pensamos con nuestro propio cerebro, a un remoto y condenable lugar, excluyendo incluso a algunos de los organismos en los que el Estatuto los coloca por sus méritos o por sus funciones INSTITUCIONALES.

Institución, institucionalidad: o redactamos nuevos diccionarios y sometemos a los colectivos a un lavado de cerebro para que olviden sus derechos y los deleguen en una monarquía, o devolvemos a esas palabras su sintonía con los conceptos que representan: participación, honra a lo establecido, aplicación de constituciones, leyes y estatutos, y el derecho supremo de la ciudadanía y de los militantes a decidir el destino de sus instituciones.

No corrompamos más nuestra lengua, nuestras libertades y derechos.

Conjuguemos el verbo activo, aunque parezca un trabalenguas, institucionalicemos las instituciones y las “institucionalidades” dominicanas.