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» »Unlabelled » Sostiene lucha contra la contaminación sónica es una deuda de los Ayuntamientos

Por Raquel Cruz

Es realmente un tema preocupante el de la contaminación sónica, máxime porque los ciudadanos se sienten desprovistos de amparo y protección Estatal cuando son ferozmente afectados por esta violación a las Leyes.

El delito medioambiental de contaminación sónica en raras ocasiones se produce como una infracción aislada, sobre todo en los casos de establecimientos comerciales de diversión.


Es como referirnos a un aglutinado de transgresiones a la Ley, nos enfrentamos a algo más que controlar la música a altos decibeles que se coloca en estos espacios, creemos que es una embestida más contundente y dañosa para los habitantes de una ciudad.

No solo se trata de una agresión al Medio Ambiente a través de la contaminación que producen los ruidos emitidos por potentes equipos de música, en estructuras no concebidas ni preparadas para ello; hablamos además de un ataque a la conservación y disfrute de los Espacios Públicos, con el usufructo indiscriminado de calles, aceras y hasta de espacios de áreas verdes por parte de estos comercios.


Es una arremetida contra la Planificación Urbana de una ciudad, pues cualquier casa de una urbanización mañana es un Colmadon; enfrentamos una irrupción que dificulta los controles delincuenciales y arriesga la paz y el disfrute de los Derechos Fundamentales de los Munícipes, pues son muchos los hechos violentos que se producen en estos lugares.

Por todo esto, sin lugar a dudas, la institución más eficaz e idónea para luchar contra este mal es la autoridad Municipal. 
Son múltiples las violaciones en la que incurren estos establecimientos, infracciones de las cuales los Ayuntamientos gozan de plena calidad y autoridad para controlar, veamos en detalle.
El ruido es con toda seguridad un elemento extremadamente contaminante de nuestras urbes.
Es por ello que el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Guía para el Ruido Urbano, arrojó pruebas científicas sobre las deficiencias provocadas por el ruido, entre las que están: Estrés, ansiedad, depresión, trastornos psicofísicos, perturbaciones del sueño, afecciones cardiovasculares, baja productividad, pérdida de la atención, retraso escolar y menoscabo del valor de los inmuebles.
Por lo que en sentido general dicho estudio acredita que el ruido representa retraso económico y social para una ciudad.

Las personas afectadas por el ruido sienten preocupación, ansiedad, depresión, zozobra, desamparo y cólera; estados que incuestionablemente se contraponen a lo que la OMS ha definido como salud: “Un estado completo de bienestar físico, mental y social, no la mera ausencia de enfermedad”.


LE SUGERIMOS LEER


El art. 20 de la Ley 176-07 con sobrada claridad establece que dentro de los servicios municipales mínimos de carácter obligatorio está la protección al Medio Ambiente.

A su vez la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales instituye en su Art. 25 el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, del que forman parte los Ayuntamientos, dándoles la potestad de crear sus propias unidades de Gestión Ambiental, que son estructuras especializadas cuyas funciones esenciales consisten en supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas ambientales y velar por el cumplimiento de las normas legalmente establecidas en la materia.

Se va un poco mas lejos la referida Ley, cuando en su Art. 79 otorga a los Ayuntamientos la prerrogativa de emitir normas de carácter Medioambiental con aplicación exclusiva en la demarcación que le corresponde, por lo que cada Municipio puede legislar de acuerdo a su realidad.

Tenemos que hablar obligadamente de la agresión de bares, discotecas, drinks o colmadones hacia los Espacios Públicos, pues es muy evidente la ocupación indiscriminada de calles y aceras.

Recientemente se detecta la utilización de los parques construidos por las autoridades Municipales como extensiones de los centros de diversión, de hecho hemos verificado como empleados de estos comercios se desplazan hacia los jardines de centros de integración familiar a tomar órdenes a los compradores que desde estas áreas consumen los productos que los drinks o colmadones expenden.

Poco a poco desplazan a la comunidad de los lugares de recreo, diversión e integración  familiar, los cuales, dicho sea de paso, han costado mucho dinero y esfuerzo al Estado Dominicano.

Las calles y las aceras, así como las áreas verdes son patrimonios municipales de dominio público, legalmente establecidos para el uso igualitario de todos los habitantes de una ciudad.
No le resultará extraño ver forradas de mosaicos de interior las aceras, a pesar de que el Art. 27 de la Ley 675 prohíbe cambiar el material de las mismas, estableciendo que las aceras se construirán en loza de la forma y material que indique la autoridad Municipal competente.

Los Ayuntamientos tienen por mandato legal “Normar y gestionar el Espacio Público” así como la “construcción y conservación de las aceras”, Art. 19 de la ley 176-07. 

La Ley de los Municipios en su Art. 118, establece como una infracción muy grave “una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera inmediata y directa a la tranquilidad o el ejercicio de derechos legítimos de otras personas” y “El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización”. 

Posiblemente con frecuencia usted podrá ver que en un lugar urbanizado cualquier día lo que fue una vivienda  se ha convertido en un bar o en un colmadon.

Justamente la mayoría de inconvenientes nacen debido a que estos comercios no surgen de una planificación urbana y están en el mismo corazón de las urbanizaciones, residenciales y barrios populares.

Por lo general estos establecimientos comerciales violan el Art. 8 de la Ley 6232, que establece que las Oficinas de Planeamiento Urbano de los Ayuntamientos tendrán a su cargo la otorgación de todos aquellos permisos relativos a cualquier tipo de construcción, reconstrucción, alteración, ampliación, traslado, demolición, uso o cambio de uso de suelo de edificios y estructuras.

Nos enfrentamos con actuaciones que afectan considerablemente la paz y el disfrute de los Derechos Fundamentales de los munícipes, trayendo como consecuencia el que se produzca más inseguridad ciudadana.

En muchos de estos establecimientos se expenden bebidas alcohólicas sin control a menores de edad, se registra la venta de sustancias controladas, los parroquianos portan armas de fuego, tanto legales como ilegales, después de todo “Estos clientes están en la calle” donde evidentemente no puede haber ningún mecanismo de control por parte de los propietarios de estos comercios.

Cuales son finalmente los resultados? Más accidentes por embriaguez, corrupción juvenil; más mercado para la droga, crecimiento de la delincuencia, más agresividad, pérdida del valor de los inmuebles, Municipios ruidosos, actos sexuales y escenas vulgares de forma pública, tiroteos, muerte………

Balas perdidas o mal dirigidas que alcanzan niños, transeúntes, o a personas que hacen esfuerzos para  tratar de dormir en sus camas y todo esto se traduce en pérdida de la Seguridad Municipal. 

Siendo este tema, el de la seguridad, un adeudo Municipal, cuando el art. 19 de la Ley 176-07 en su literal b. establece como responsabilidad de los Ayuntamientos la coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.

Como vemos, el control, supervisión y sometimiento a la norma de los establecimientos de diversión, es en observación macro del problema, una responsabilidad Municipal.

Afortunadamente Santo Domingo Este da los primeros pasos y se encamina a robustecer un procedimiento que busca soluciones a la problemática, aspiramos a arropar el Municipio, y pasar de ser “La Ciudad Colmadon” a ser una demarcación que se divierte con orden, observancia y acatamiento a los parámetros establecidos en la norma.

Queremos una ciudad donde no todo se puede, 

En la cual, no todo se permite, 

Donde no funcione el tráfico de influencia, 

Donde el respeto a la Ley sea culturalmente protegido y defendido por sus Munícipes,

Donde  la legalidad sea exigida y  cumplida,

Donde la Autoridad aplique su fuerza con justicia y legitimidad, mas no con arbitrariedad,

Queremos una ciudad donde se respeten los Derechos Fundamentales de los demás.

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Darwin Feliz Matos
Director