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Opiniones y Editorial

¿Para dónde es que vamos?



JULIO CURY

La registrada estabilidad de los indicadores macroeconómicos durante los tres últimos años, no ha servido de mucho para disminuir la tasa de desempleo ni para paliar las hirientes desigualdades sociales. Hace apenas una semana tuve oportunidad de recorrer las comunidades de Tamayo y Neiba, y a decir verdad, la pobreza en la provincia sureña de Bahoruco es desgarrante.

Pero el que quiera comprobar la penosísima indigencia que asfixia a nuestros infelices, no tiene que desplazarse tan lejos. En la Puya de Ahorro Hondo, en Manzano, en los Girasoles y en el Caliche de Cristo Rey, barrios todos próximos al casco urbano, la miseria es igualmente espantosa, y me atrevo a asegurar que nadie en esos alrededores ha percibido ni por asomo el progreso del que tanto se vanaglorian las actuales autoridades.

Sería torpe cuestionar la estabilidad de la tasa de cambio, de inflación y de interés, pero tampoco podemos poner en duda que esa estabilidad les resulta indiferente a los moradores de ese cinturón de miseria que bordea nuestra capital. Y esa pobreza extrema me lleva a creer que lo que se ha venido produciendo es el crecimiento de una economía de consumo de bienes importados, a la que únicamente pueden acceder las clases media y alta.

La que conforman nuestros pobres sigue padeciendo de hambre, sigue evacuando en cloacas, sigue viviendo en chozas con pisos de tierra, sigue careciendo de servicios hospitalarios eficientes, sigue recibiendo enseñanzas de pésima calidad en condiciones deplorables, y sigue haciéndole falta el peso de la vergüenza.

No es difícil deducir que la estabilidad macroeconómica, acierto innegable de esta administración, no ha apareado desarrollo social, y es secreto a voces que esa pobreza es causa de una política de inversión desatinada y sin retorno, del torrente de subsidios que dragan los ingresos fiscales, del empleo de fondos públicos en planes sociales populistas, y del sobreprecio que el Estado suele pagar por los bienes que adquiere y los servicios que contrata.

Pronto dispondremos de la primera línea del Metro, obra cuya utilidad solo podrá comprobarse luego de que sea puesto en funcionamiento.

Se pierde de vista, sin embargo, que la considerable inversión que conllevó su construcción, no solo incrementó la pesada carga de nuestra deuda externa, sino que también se engulló buena parte de las partidas que la ley ordena reservarle al Poder Judicial y a las Secretarías de Educación y Salud Pública.

¿Qué supuso el desfavorecimiento de los presupuestos de estas instituciones? Pues que por primera vez en diez años, los avances operados en el sistema judicial corren el riesgo de involucionar, que los que no pueden permitirse el lujo de tratarse en clínicas especializadas se exponen a perder la vida en hospitales por falta de gasas o por el consumo de medicamentos vencidos, y que los que no pueden pagar el costo de colegios privados, seguirán enviando a sus hijos a escuelas públicas a aprender a escribir con faltas ortográficas y a creer que Juan Pablo Duarte fue el descubridor de América. Entonces,
¿para dónde es que vamos?

Corrupción como legado



LILLIAM OVIEDO

El presidente Leonel Fernández se autoproclama heredero de Joaquín Balaguer y entiende que el caudillo le asignó la tarea de impedir que desaparezcan las siglas con que legalizó su permanencia en el Palacio Nacional. Lo hace porque no tiene reparos en utilizar los mismos recursos que él utilizó.
Repartir limosnas a los pobres y auspiciar el surgimiento de fortunas y la multiplicación de capitales en sectores privilegiados es uno de esos recursos. ¡Y no le causa estupor hacer convivir viejas y sucias prácticas con un discurso de modernidad y un desfile de poses y promesas! ¿Qué calificativo cabe?

Un reportaje en el cual la periodista Nuria Piera denuncia el pago de cheques en instituciones del Estado a personas que no trabajan, retrata al actual jefe de la Administración Pública como continuador de la práctica de repartir migajas utilizando al Estado como agente corruptor.

El pago de cheques a personas cuya tarea era hacer presencia en encuentros electoreros y corear consignas elaboradas en el Palacio o en la residencia presidencial de la avenida Máximo Gómez # 25, fue utilizado por Balaguer como recurso para prevenir la insurgencia y para construir, desde el Estado, la base social que no tenía su liderazgo, creado por los estrategas de los sectores dominantes y del poder imperialista.

En el caso de Leonel Fernández, se trata de extender la base social de un liderazgo construido dentro del Partido de la Liberación Dominicana utilizando artificios nada limpios para despojar del protagonismo a los fundadores de esa organización, y que llegó a la dirección del Estado a partir de una alianza (Frente Patriótico 1996, Balaguer y su camarilla y un Juan Bosch que había perdido la capacidad para decidir) que implicaba hacer definitiva la renuncia a los principios que ya habían sido puestos de lado.

Joaquín Balaguer necesitaba que los sectores populares se pensaran beneficiarios de la corrupción para impedir que presionaran en forma decisiva por la sustitución de un sistema que da limosnas, pero golpea.

Leonel Fernández necesita que grupos numerosos de la población vean la limosna como modus vivendi para que actúen con resignación y no se conviertan en entes de cambio.

Esos cheques que, según la investigación realizada por Nuria Piera, se entregan en diversas instituciones del Estado como limosna de compromiso con el proyecto reeleccionista, son, al igual que las llamadas “botellas” en los gobiernos de Joaquín Balaguer y en los del Partido Revolucionario Dominicano, una inversión para preservar la estabilidad sin atacar la injusticia. Van dirigidos a disfrazar el despojo.

Si los gobiernos del PRD no eliminaron de inmediato las llamadas “botellas” y si tampoco lo ha hecho el PLD, que ha pagado incluso fuerzas de choque (el propio presidente Fernández dijo en el año 2001 que eligió entre pagar y matar, aunque se sabe que hubo corrupción y también muertos) es porque son gobiernos saqueadores del erario.

Pagan cheques de sumas bajas (tres o cuatro mil pesos) a gente pobre, para prolongar la situación en que los altos funcionarios ganan más de medio millón de pesos por mes.

Otros programas de apropiación privada a partir del Estado involucran dinero en cantidades que permiten a sus beneficiarios asegurar por muchos años su inserción en el poder. ¡Otra parte de la herencia del balaguerismo!

Viejos funcionarios balagueristas (cabe citar a Manuel Guarda Liranzo y Aníbal Páez) financian campañas y apadrinan candidaturas, y lo han hecho en las últimas dos décadas.

El escándalo que desata la denuncia de Nuria, tiene como complemento la compra por sumas millonarias, sumas que obviamente salen del Estado, de adhesiones politiqueras.

De esa parte del escándalo, poco hay que decir. Las adquisiciones, personas con historial de peculado y otras formas de delito, son exhibidas muchas veces en actos que preside el propio Leonel Fernández.

Cabe preguntar al autoproclamado líder de las fuerzas del balaguerismo histórico si aceptaría que en diciembre próximo el ex senador Adriano Sánchez Roa celebre su cumpleaños con recursos del Estado, como una vez celebró el de Joaquín Balaguer. Ya lo aceptó el maestro; pero con o sin ese elemento, el espectáculo es igualmente grotesco. Insultante, mejor dicho…